El Gobierno busca reajuste de la estrategia nacional para reducir la vulnerabilidad de 1.4 millones de personas, frente a un promedio de 1.8 millones en los últimos cinco años, según informe de Protocolo de Clasificación de Crisis Alimentaria y Nutricionales Prolongadas (PAFI).

El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, destacó que “pese a los avances, que se han realizado en los últimos cinco años, el desafío persiste y es necesario fortalecer las acciones para garantizar un acceso sostenible a los alimentos en todo el país”.

El funcionario enfatizó que “el enfoque busca optimizar programas, priorizar inversiones en las zonas más vulnerables, como La Mosquitia, Lempira, el sur de Francisco Morazán y el sur de El Paraíso, sin descuidar las áreas urbanas con alta concentración de población en riesgo”.

Como parte de este proceso, se revisarán los programas de apoyo a pequeños y medianos productores, para fortalecer la producción nacional y garantizar ingresos estables en las comunidades rurales. Además, se establecerá una mesa interinstitucional con organismos de cooperación internacional y ONG, para alinear esfuerzos y gestionar mayores recursos en seguridad alimentaria” destacó Molina. Las autoridades reiteraron que no hay desabastecimiento de alimentos, aunque factores internacionales podrían afectar precios de la canasta básica.

Actualmente, la SAG administra proyectos por más de 350 millones de dólares, destinados a asistencia técnica, financiamiento y capitalización productiva, mientras se trabaja en infraestructura de riego, almacenamiento y reservas comunitarias para fortalecer la resiliencia ante futuras crisis.