Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) inició la entrega de carnets digitales de identificación a productores de arroz de diferentes zonas del país, como parte de una estrategia para fortalecer el registro, la georreferenciación y el acceso a financiamiento del sector. Los carnets cuentan con un código QR que permite almacenar información del productor, incluyendo nombre, departamento, municipio, área de producción y datos relacionados con su financiamiento.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, explicó que esta herramienta permitirá identificar a los productores reales y generar mayor orden y control en los procesos de gestión de créditos. Asimismo, destacó que los préstamos otorgados a través de Banadesa cuentan con condiciones y tasas diferenciadas para beneficiar a los productores de arroz.

El proceso de identificación y registro se desarrolló con el acompañamiento de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), mediante visitas de campo a las principales zonas productoras del país, donde se recopiló información y se realizó la georreferenciación de los productores.

Los productores que no fueron incluidos en el levantamiento inicial podrán solicitar ante la SAG una visita de campo para validar su información y continuar con el proceso de emisión del carnet. La entrega de estos documentos será personal e intransferible, directamente al productor registrado, con el propósito de garantizar la transparencia y que los beneficios lleguen a quienes realmente se dedican a la producción de arroz.

Honduras busca aumentar la producción nacional

Honduras consume más de 5 millones de quintales de arroz al año, mientras que la producción nacional apenas supera el medio millón de quintales.

Ante esta situación, el sector arrocero se ha planteado como meta inmediata alcanzar una producción de 700,000 quintales, mediante acciones orientadas a fortalecer a los productores, mejorar su acceso al financiamiento y aumentar la producción nacional. La identificación digital constituye así una herramienta para avanzar hacia un sector arrocero más ordenado, transparente y con mejores condiciones para acceder a los recursos destinados a impulsar la producción nacional.